El rastro de dinero público que han dejado tras su paso por diversas empresas andaluzas los hijos del vicepresidente tercero del Gobierno, el socialista Manuel Chaves, en los tiempos en que presidía la Junta de Andalucía, no termina en las comisiones de Iván Chaves Iborra ni en el incentivo multimillonario a la empresa Matsa.

El giro en la posición del Ejecutivo andaluz fue de 180 grados. En julio de 2006, ante el Comité Director del PSOE de Andalucía, Chaves aún invitaba a los alcaldes socialistas a "tener en cuenta" el informe de Greenpeace Destrucción a toda costa, en el que se denunciaba, entre otros abusos urbanísticos, la proliferación de campos de golf

Se llama Iván Chaves Iborra, tiene 36 años y es hijo del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Su especialidad, por la que es ampliamente conocido en toda la Comunidad, especialmente en Sevilla, es utilizar la red de contactos que le aporta su apellido para conseguir contratos de instituciones públicas para sus clientes, que le pagan comisiones de hasta el 45%, tal y como ha comprobado este diario de la amplia documentación recabada al respecto.

"Aquello fue una partida de ajedrez". "Con mentiras y medias verdades". Así se pronunciaron ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso del chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA, los tres negociadores que en representación del Gobierno se reunieron con la dirección de la banda en 2006 para tratar de conseguir el fin de la violencia. Buena parte de las preguntas formuladas iban encaminadas a conocer si el Ejecutivo había dado instrucciones para reducir la intensidad en la lucha antiterrorista.

Omar Azziman, embajador de Marruecos en España hasta hace poco más de un año, recordó ayer que la recuperación de Ceuta y Melilla sigue siendo un objetivo prioritario para el Gobierno marroquí.

Rafael Halcón | Las actas de las negociaciones celebradas entre ETA y el gobierno de Zapatero redactadas por el negociador etarra, Javier López Peña, Thierry, y publicadas por el diario El País rebelan que el presidente Zapatero actuó al margen de la legalidad y engañó a los españoles sobre el desarrollo y contenido del proceso.

El Gobierno ofreció a ETA tras el atentado de la T4 en el Aeropuerto de Barajas retomar la negociación política de Loyola si la banda se comprometía por medio de una declaración a no hacer más atentados, según consta en los documentos que obran en poder de la Guardia Civil sobre las actas de aquella negociación incautadas al que fuera 'número uno' de la banda, Francisco Javier López Peña, alias 'Thierry', detenido el 20 de mayo de 2008 en Francia.

El contenido de las actas de negociación de ETA, en las que uno de los interlocutores del Gobierno expresó sin tapujos la sumisión del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional al Gobierno en las negociaciones con la banda, contamina el papel del principal representante de la Fiscalía en este tribunal, Javier Zaragoza. Así lo consideran fuentes de la Audiencia y próximas a ella, que sostienen que si esas actas son verídicas, la postura de Zaragoza en el «chivatazo» está viciada desde su origen.

Se confirma. Las actas de negociación con ETA de 2006 demuestran que el chivatazo fue una decisión política. Rubalcaba llegó "para blindar el proceso".

Gobierno de Zapatero hizo todo lo posible para evitar que en junio de 2006, la Policía detuviese a 13 responsables del entramado de extorsión de ETA. Las detenciones supondría para la banda terrorista vasca la traición por parte del Gobierno:

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido "formalmente" y "por favor" a los guardias civiles que "hagan cumplir la ley", en referencia a la huelga de 'bolis caídos' que significó un marcado descenso de las multas de tráfico durante los últimos meses.

Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el “día de la agricultura y del productor agropecuario”, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856 en Santa Fe.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, afirmó hoy que el Plan Estratégico Agroalimentario "servirá para avanzar en productividad" y "posicionar a la Argentina como uno de los grandes proveedores de alimentos que el mundo necesita".